la Federación de Asociaciones de Protección animal de la Comunidad Valenciana (FEDENVA) denuncia la existencia de perreras ilegales

VALENCIA.-_La Federación de Protectoras de la Comunidad Valenciana (Fedenva), que integra 19 asociaciones,  ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que cese la actividad de las perreras presuntamente ilegales que se dedican a recoger y sacrificar animales vagabundos tanto perros como gatos. 

Según Fedenva, «el funcionamiento ilegal de dichos centros va en detrimento de las asociaciones de protección ya que supone una competencia desleal e ilegal de estos centros de exterminio, que reciben un trato de favor por parte de los ayuntamientos».

Tras una investigación de varios meses Fedenva asegura que existen diversas empresas con ánimo de lucro que se dedican a la recogida y mantenimiento de animales abandonados que no están habilitadas por la Conselleria para realizar dicha actividad al amparo de la Ley 4/94 de 8 de julio de 1996 sobre protección de animales de compañía. Entre ellas existen residencias caninas, centros de adiestramiento y criaderos que se dedican a recoger animales y sacrificarlos sin estar autorizados para ello por no disponer de la Declaración de Núcleo Zoológico correspondiente.

Uno de los centros denunciados es La Pinada de Llíria que, según afirman los portavoces de Fedenva, está capacitado para funcionar como criadero, residencia canina y centro de adiestramiento, pero no cuenta con los permisos necesarios para recoger animales y sacrificarlos tras un plazo de diez días si sus propietarios no acuden a recogerlos o alguien los adopta tras pagar 50 euros.

«Hace tres años ya nos pusimos en contacto con la Conselleria para denunciar esta situación que vulnera el decreto 158/96 de la Ley de Protección de Animales de Compañía», señala Juan Oliver, delegado de Fedenva.  «También presentamos una denuncia al Ayuntamiento de Llíria hace tres meses y todavía no hemos recibido respuesta».

Vicente Ferré propietario de La Pinada niega rotundamente que funcione en la ilegalidad. «La prueba más evidente es que trabajo para cien ayuntamientos de distintas comarcas con contratos y plicas públicos que cumplen todos los requisitos», indica Ferré.

Ferré reconoce que la recogida de perros es competencia exclusiva de los ayuntamientos pero como otros servicios comunes éstos delegan su responsabilidad en empresas privadas. «Si se quiere atajar el problema la única solución es poner micro chips a todos los perros y gatos y multar a quienes los abandonen, algo que hoy día no se hace», comenta. Según él, La Pinada fomenta la adopción de perros siempre que estén sanos y tengan una conducta social adecuada. «La denuncia de Fendeva es pura demagogia y se debe al despecho de las protectoras», concluye

El conflicto entre las protectoras y las perreras privadas al servicio de los ayuntamientos pone otra vez de manifiesto la escasa sensibilidad que existe en nuestro país respecto al bienestar y los derechos de los animales de compañía en particular y de todos en general.

El problema no existiría o tendría unas dimensiones mucho más reducidas y menos dramáticas si los responsables de los perros y gatos no optaran por abandonarlos cuando surge algún problema, entran en celo, contraen alguna enfermedad o resultan un incordio para sus planes de vacaciones.

Así, cada verano miles de chuchos despedidos por amos que no los aman acaban vagando sin rumbo por los campos. Los más fuertes se asilvestran y pueden incluso dañar cultivos y ganados, pero la mayoría acaban entre rejas y mueren solos en la más absoluta tristeza. Sólo los de Valencia y Gandía tienen una segunda oportunidad, pues en estas ciudades se ha sustituido la eliminación sistemática y muchas veces indiscriminada por un plan de adopciones.

La irresponsabilidad de algunos particulares junto a la negligencia municipal a la hora de sancionar maltratos y abandonos condena  a las mascotas a sufrir propiamente una vida de perros..

Noticia publicada en el periódico El Mundo. Autor: Pepa Pino